Una lectura de las estadísticas del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas y Ejecución de las Penas) permite sostener la idea de que en las prisiones “… no se condena al delito, se castiga la pobreza…”. Los números publicados para el año 2010, demuestran que las cárceles están pobladas, en su mayoría, por jóvenes sin trabajo ni estudios. El 73 % de la población reclusa tienen entre 18 y 34 años y la mayor parte de las causas la ocupan los delitos por robo, hurto, tentativas de robo u otros delitos contra las personas (más del 70%). Por su parte, un 93 %, al momento de su ingreso no tenía terminados sus estudios secundarios, es decir, o no tenían ningún tipo de estudios (26%) o no terminaron la primaria (9%) o sólo completaron ese trayecto de la escolaridad sin continuar su formación (42%). Respecto al trabajo, al momento de ingresar un 28 % estaba desocupado, y un 49 % tenía trabajos precarios.
Las cárceles de Mendoza son “famosas” por las denuncias sobre tortura que han salido a la luz en reiteradas oportunidades. La clase capitalista no puede cumplir siquiera sus propias leyes. La constitución dice “… las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice…”. Pero las condiciones infrahumanas y las aberraciones a las que son sometidos miles en las cárceles son una muestra de la decadencia de este sistema que no puede siquiera llevar a la práctica su pretendida Ley. Hay quienes buscan ampliar el aparato represivo (Zafaroni) para poder cumplir con la ley y quieren un mayor presupuesto para construir más cárceles. Los que pretenden la “reinserción” en el sistema se chocan con la cruda realidad donde la misma policía es la que organiza el gran delito y utiliza a los jóvenes para robar como quisieron hacer con Luciano Arruga desaparecido desde hace 3 años y 7 meses. En definitiva el capitalismo no tiene nada que ofrecer para miles de jóvenes.
Como se plantea en un artículo publicado en rebelión sobre las cárceles en España “Un análisis pormenorizado de la evolución de las instituciones penitenciarias permite observar que, en su conjunto, las prisiones forman un espacio en crisis permanente. Y, también, que las soluciones que se aportan no son más que constantes huidas hacia adelante: bien sea construyendo más prisiones; bien sea reforzando los sistemas de control y endureciendo las penas; o bien sea creando en su interior una multiplicidad de servicios sociales encaminados hacia una supuesta rehabilitación o a ofrecer una buena imagen de la institución. Y es que, a pesar de la buena fe del voluntariado y de los trabajadores y trabajadoras sociales, todas sus buenas intenciones se difuminan entre la crudeza de las rejas o chocan abiertamente con el retorcido talante del funcionariado que tantas veces acostumbra a convertir el espacio carcelario en un espacio de impunidad”. En este mismo artículo- el autor- haciendo referencia a la tesis de un conocido anarquista señala que “… en definitiva, Kropotkin consideraba que la prisión no solo no respondía a ninguno de los fines rehabilitadores que se proponía, sino que la solución a las cárceles se encuentra en la destrucción de sus propios muros y en la creación de una sociedad igualitaria. Según el pensador libertario, pues, el origen y la razón de ser de las prisiones provienen de la desigualdad social”.
En lo que va de la gestión del gobierno de Paco Pérez vimos actuar nuevamente a la policía del gatillo fácil que asesinó a Franco Díaz por nombrar tan sólo uno de los casos que tuvo repercusión en los medios. Vimos también cómo reprimieron a las familias de Palmira que ocupaban terrenos en reclamo de una vivienda digna, a los- literalmente- le pasaron la topadora sobre sus precarias viviendas. Es que lejos de las promesas electorales asistimos a una parálisis casi absoluta en la construcción de viviendas y en la obra pública. En los hospitales, los trabajadores denuncian la falta de insumos para atender a los miles que asisten diariamente, en las escuelas- además del reclamo por los magros sueldos- quienes trabajan en la educación plantean constantemente la terrible situación social de un sector importante de la población lo que dificulta cada vez más que los niños y/o adolescentes puedan estudiar. La precarización laboral que afecta al 40% de los trabajadores es moneda corriente entre los jóvenes que son super-explotados por salarios miserables.
Si durante los años de crecimiento económico se aprobaron las leyes Blumberg y avanzaron las políticas de mano dura avaladas por el Kirchnerismo, hoy, que la crisis capitalista ya repercute en nuestro país y también en Mendoza, las perspectivas son claras: las patronales y el gobierno buscan descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre, para ello necesitan reforzar el conjunto del aparato represivo.
La UCR y el PD vuelven con recetas de mano dura. El PJ ya ha mostrado como su política termina siendo muy similar más allá del discurso. Así como en su momento apoyaron las leyes Blumberg, hoy en Mendoza dejaron que en el Senado se apruebe la ley Petri. Ambas leyes buscan fortalecer el aparato represivo, un entramado en el que las fuerzas represivas son socias del gran delito, de las redes de trata y prostitución de mujeres, el narcotráfico, los desarmaderos de autos, etc. Las cárceles son uno más de los lugares donde la policía hace negocios, comandando y armando bandas con los presos.
Ante estas políticas, los socialistas revolucionarios nos oponemos a las medidas que hacen aún más duras las penas y las condiciones de las cárceles, pero lo hacemos bajo la perspectiva de terminar con las bases sociales de este sistema que condena a miles a la pobreza, la desocupación, la precarización laboral y la represión.
Anexo
Gatillo fácil y represión en la Argentina post-dictadura.
En la Edición del domingo 26 de agosto el diario oficialista Página 12, se jacta de cómo se ha equipado el aparato represivo del estado en los últimos años, describiendo el aumento de efectivos de cada una de las fuerzas tanto nacionales como provinciales destacando que “NUNCA HUBO TANTOS" policías y patrulleros. Así responden los “progres” a los reclamos de la derecha. Pero como demuestra el informe de la CORREPI que resumimos en este anexo, bajo el gobierno de los Kirchner y sobre todo de CFK se reprimió la protesta social con el saldo de casi 20 compañeros asesinados por luchar y se mantuvieron el gatillo fácil y la represión de las malditas policías, teniendo como blanco predilecto a los jóvenes más humildes.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en su archivo del 2009,
Recopilación de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983-2009, relevó los casos (conocidos) en los que el aparato represivo TAMBIÉN mata a través de distintas modalidades y agencias. Según el documento se hace “imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos”.
Y continúa: “A pesar de que los asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, están debidamente registrados (Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes entre 2000 y 2001, los del 19 y 20 de diciembre de 2001, los del 26 de junio de 2002, Luis Cuéllar y Carlos Fuentealba), es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías. Esta marcada desproporción (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2.826) pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo “preventivo”, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.”
Según el informe, las estadísticas confirman que en la Argentina “democrática” puede hablarse de una “represión preventiva” que busca disciplinar a “la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación (…) Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país” infundiendo temor al pueblo por medio de los castigos.
Según la distribución territorial, los números confirman que los casos de gatillo fácil y tortura son utilizados en todo el país, sin distinción de provincia, fuerza o gobierno local y que la preferencia está centrada en los sectores que concentran el mayor índice de pobreza. El análisis del componente etáreo ratifica que son los jóvenes el blanco predilecto de la política preventiva y que más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años (el 30,50% del total tenían 21 años o menos).
“Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado”.
Otro punto lo constituye la sistemática aplicación de “tormentos” a personas que se encuentran legal o ilegalmente detenidas. Según los datos, una parte de las muertes ocurridas en cárceles o comisarías se producen por torturas seguidas de muerte sin llegar a doce las condenas en todo el país por ese delito, es decir, evidencian que el aparato judicial se resiste a calificar estos hechos de tortura porque como tal, hace más evidente el grado de responsabilidad institucional. Así, “… Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios” clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura”.
Estos datos, entre otros que figuran en el archivo y que corresponden a la decimocuarta actualización realizada a fines del 2009, registró 2.826 casos, con un promedio de 20 personas muertas por el estado por mes, concluyendo que “EL ESTADO ARGENTINO ASESINA ALGUIEN CADA 28 HORAS. Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como “EL GOBIERNO DE LOS DDHH”, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25/05/2003 y el 10/12/2007, y 392 desde entonces.
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