La megaminería y el modelo "nacional y popular"

Publicamos un artículo aportado al Zonda en Altura por Lucía Sosa sobre la megaminería en Argentina y el rol del gobierno “nacional y popular” de CFK, que como vimos en estos días está dispuesto a defender sus ganancias y reprimir salvajemente a quienes nos oponemos al saqueo de las mineras imperialistas.

El actual debate sobre la megaminería a cielo abierto ha sacado a la luz fuertes contradicciones al interior de aquellos países latinoamericanos con gobiernos identificados como progresistas, cuyos ejes discursivos se basan en cierto anti-imperialismo y el rechazo a las grandes corporaciones. La panacea desarrollista parece haber resucitado entre los muertos y nuevamente se escucha hablar sobre la industria nacional y su correspondiente burguesía. Pero en los hechos el modelo está muy lejos de distanciarse del “antiguo” proyecto neoliberal característico de la década de los ´90.

En Argentina las tendencias hacia la concentración y extranjerización del capital no han sufrido variaciones. La cúpula empresarial, responsable del 22,7% del valor agregado del país en 2008 refleja estas tendencias incluso en su interior, siendo las 8 empresas más grandes las responsables del 24% del valor agregado dentro del conjunto y del 22,5% de las utilidades, pero (y esto es algo que no hay que perder de vista) sólo del 2,6% de los puestos de trabajo asalariado.  Por lo tanto, el tan renombrado crecimiento económico del país se justifica en gran parte por un aumento de la productividad, o para decirlo en otras palabras, de la extracción de plusvalor por cada trabajador.  A su vez, la fuerte extranjerización de esta porción de la economía se refleja en el incremento sostenido en la cantidad de empresas cuyo origen del capital es de participación extranjera; en el 2008 338 empresas de las 500 cuentan con capital extranjero.

Desde hace décadas que la cúpula empresarial no ha sufrido cambios estructurales en su interior. Con excepción del sector de minas y canteras que desde 1993 a 2008 (y si bien no contamos con los datos todo parece indicar que continúa hasta la actualidad), ha tenido un incremento del 200% en la cantidad de empresas durante el período abarcado.

Este aumento de la participación en la economía de las empresas abocadas a las minas y canteras se debe en gran parte a la alta rentabilidad de la actividad. Por un lado, debido a que es el sector que mayor valor agregado produce en relación al consumo intermedio[1]; por otro, y muy ligado a lo anterior, debido a que esta actividad se inserta en un marco legal completamente favorable. Sancionado durante la presidencia de Menem, les garantiza (entre otras cosas) estabilidad fiscal por 30 años, exención del IVA, declarar las utilidades según el valor del metal en boca de mina y descuentos si hacen la exportación por puertos patagónicos. Este modelo minero menemista, lejos de ser revertido, fue declarado en 2004  de interés estratégico durante el gobierno de Kirchner[2]. Paradójicamente, el gobierno  “Nacional y popular” le pone sus fichas a un sector que, por lo menos en la cúpula empresaria, sólo presenta el 12% de capital de origen nacional.

Esta relación del Estado con las empresas mineras tiene su más extremo exponente en Pascua-Lama, empresa que a partir del convenio entre Argentina, Chile y Barrick Gold rompe con los esquemas de toda soberanía nacional y pasa a tener soberanía propia, detentando un poder supranacional. Las conveniencias empresarias dejan al desnudo el carácter y la función que cumplen ambos Estados. Los paradigmas que entienden al Estado como un ente neutro o de simple consenso (mediante convenio entre partes), pasan a ser insignificantes para dar una respuesta. Los Estados se mimetizan con los propios intereses y necesidades de los dueños de la Barrick. Para luego presentarse como externos a la totalidad de la sociedad y, por un lado, desde allí aportar el marco legal (y sus excepciones) que permita el funcionamiento de la empresa; y por el otro lado, para presentar el irrisorio discurso del progreso nacional y la persecución de los intereses del conjunto de la sociedad. 

El discurso productivista que sostiene la necesidad de la explotación de minerales e hidrocarburos refleja y sostiene el modelo extractivo exportador en el que se encuentra inmersa la Argentina y América Latina. Un modelo de saqueo que, al igual que en el colonialismo, depreda los recursos naturales existentes llevando las ganancias a los países imperialistas que las utilizan para afianzar su fuerza y dominio. En la actualidad Argentina brilla ante los ojos capitalistas bajo la etiqueta de “Sexto en el mundo en potencial minero”, y el mercado mundial sabe muy bien cuál es el papel que ha de jugar en este sistema.

Es necesario comprender que nos encontramos bajo un proceso de acumulación por desposesión[3], basado en la mercantilización de la tierra y la expulsión de sus pobladores; un proceso extractivo cuyo eje se centra en la utilización de tecnologías de punta para la expropiación de los recursos naturales, recursos que a su vez se caracterizan por generar mucho valor de cambio y muy poco de uso, así como también por no ser esenciales para la vida de la comunidad.

Cabe aclarar que este modelo extractivo, que implica la reprimarización de la economía y la consiguiente privatización de los recursos naturales,  tiene como uno de sus exponentes a la megaminería. La megaminería en particular genera grandes cuestionamientos tanto por sus consecuencias directas e indirectas en la economía, como por sus consecuencias ambientales[4]. La megaminería es un sistema bastante cerrado que casi no genera “derrame” económico, ni siquiera en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo, ya que al encontrarse condicionada a la utilización de tecnologías de punta, es una de las actividades productivas que menos mano de obra emplea. Un ejemplo de esto es la empresa La Alumbrera, uno de los emprendimientos más grandes de Latinoamérica, que emplea un promedio de 800 personas. A su vez, la contaminación provocada en la zona imposibilita la realización de otras actividades, sobre todo las relacionadas con la agro-ganadería y la pesca. Y para que estos mega- emprendimientos puedan funcionar requieren de una utilización abrumadora  de los recursos energéticos y del agua[5], desestructurado las economías y los hogares de la región.

Las constantes alarmas sobre las consecuencias ambientales no son producto de discursos fundamentalistas de “algunos locos por el medio ambiente”. Hay que resaltar que no se está hablando de la minería tradicional, sino que la minería a cielo abierto es expresión de las más devastadoras ambiciones del sistema. Agotados los recursos mineros como antiguamente se los encontraba, se obtienen aquellos pequeños restos minerales diseminados a lo lardo de gran cantidad de rocas mediante la explotación de las mismas. Por ejemplo, en el caso de la extracción de oro se vuelan 4 toneladas de roca por cada gramo de oro. Debido a que es una actividad que sólo se lleva a cabo en sierras y montañas, literalmente se está volando la montaña y dejando un gran hoyo en su lugar.

Este proceso extractivista, que promueve el gobierno nacional, no trae ningún beneficio para los trabajadores y el pueblo. Sólo reporta beneficios millonarios para las grandes empresas imperialistas con las que CFK se encuentra en sintonía fina.

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[1] Es un sector que sólo representa el 8% de las grandes empresas, pero genera un valor agregado de 37639,1 millones de pesos, el 17% de éste.

[2] Claro reflejo de esto son el veto a la Ley de Glaciares en 2008; y, cuando las presiones obligaron a implementar este tipo de medida, el posterior acuerdo en Canadá en el que participó Cristina Fernandez acompañada con más de una decena de gobernadores del país (entre ellos obviamente Jaque)  pactando sacar una ley de glaciares, pero permitiendo que esta fuera (vetada) por cada provincia y por lo tanto, de ninguna manera molestando a los intereses de la empresa canadiense, ni de ninguna otra de las multinacionales.

[3] Aclaramos que el concepto de acumulación por desposesión es utilizado por algunos autores, como el importante geógrafo marxista David Harvey, separándolo de la necesaria “acumulación por explotación”. La acumulación por desposesión no es un exceso en la ambición de la acumulación de la burguesía, no es un desvío de la “sana” acumulación capitalista, sino su continuación necesaria cuando existen dificultades para dar una salida rentable al conjunto de los capitales. Ver http://www.pts.org.ar/spip.php?article1970 y http://www.pts.org.ar/spip.php?article11542

[4] Las consecuencias ambientales no sólo generan la destrucción del medio ambiente, sino que por el carácter contaminante que tiene este tipo de actividad provocan grandes afecciones a la salud, siendo los trabajadores los más afectados, pero provocando consecuencias graves a toda la población de la región.

[5] Por ejemplo: el megaproyecto Pascua-Lama utiliza 370 litros de agua por segundo (fuente: D.A., Página 12, 27/5/09) y en los 21 años que estará en funcionamiento utilizará un total de 170000 millones de litros, lo que equivale al consumo de unas 22000 familias en 21 años; por otro lado, el consumo anual medio de electricidad equivale al consumo de unos 393150 hogares y el consumo total de gas oil al de unos 24000 automóviles durante 21 años.